Medina Osório entrevistado por el portal de la ADPF, entidad que representa a los comisarios de la Policía Federal

Traducción del texto original.

Fábio Medina Osório concedió una entrevista exclusiva al equipo de comunicación de la Asociación de los Delegados de la Policía Federal. En esa ocasión, Medina Osório abordó aspectos de la actual realidad sociopolítica brasileña, de la crisis de probidad y confianza y de los caminos que el país necesita tomar para alcanzar un nuevo nivel ético. Vea la entrevista completa a continuación:

ENTREVISTA

Entrevista con el jurista Fabio Medina Osório

“La Policía Federal es una institución que no pertenece a un gobierno, mucho menos a un partido, sino a la sociedad brasileña”

ADPF De la Redacción

Foto: Reprodução

Medina Osório es un abogado con fuerte actuación en el área de la probidad administrativa, el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y las leyes anticorrupción. Fue subsecretario de justicia y de seguridad pública en Rio Grande do Sul en el Gobierno de Germano Rigotto (2003-2005), y fue miembro del Ministerio Público de Rio Grande do Sul (de diciembre de 1991 a enero de 2006 – primer lugar en el concurso), habiéndose exonerado para ejercer la abogacía. El pasado lunes 2 de mayo, participó en una audiencia de la Comisión Especial de Impeachment en el Senado Federal, como jurista invitado por la oposición, en la acusación contra la presidenta Dilma Roussef. Su discurso fue impactante y causó enorme repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, al enfatizar que la estrategia del gobierno sería “criminal”, cuando intenta valerse de la maquinaria administrativa para difundir la idea de que en Brasil habría un golpe de Estado. Medina Osório fue elogiado por los senadores por su discurso firme, lúcido y valiente. Veamos cuáles son algunas de sus opiniones sobre la Operación Lava Jato y el combate a la corrupción.

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN Y CÓMO SE PUEDE MEJORAR SU COMBATE?

La corrupción ha sido abordada desde varios ángulos: el filosófico, el sociológico, el histórico y el jurídico, pudiendo este último ser analizado por múltiples ramas del derecho. Puede definirse – en la perspectiva sociológica – como el uso de prerrogativas públicas para obtener beneficios privados. Se trata de una definición muy amplia, pero que es usada por organismos transnacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. También es posible decir que la corrupción remite al corrupto y al corruptor y que suscita un abuso de posición: la violación de deberes posicionales para obtener beneficios extraposicionales ilegítimos. Cuando descendemos al terreno jurídico, esos conceptos ganan, o deben ganar, concreción. Inciden, entonces, las leyes penales, la ley de improbidad administrativa, la ley anticorrupción empresarial, entre otras. Y cada ley tendrá su propia tipología, sus peculiaridades y su forma de incidencia.

Es importante arrojar luz sobre las prácticas corruptas y corruptoras, apostando sobre todo por la prevención. Fortalecer ambientes de transparencia, eficientes, meritocráticos y con un funcionariado público valorado es lo que mejora la calidad de los procesos decisorios. En el ámbito de los controles, no hay dudas de que es necesario rescatar las autonomías de las instituciones fiscalizadoras, fomentando independencia y responsabilidad, además de la capacidad operativa. Quien no tiene recursos ni estructura jamás podrá combatir la corrupción.

USTED ES CONSIDERADO LA MAYOR REFERENCIA EN BRASIL EN MATERIA DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y TEORÍA DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA. SU OBRA CLÁSICA, DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LANZADA ORIGINALMENTE EN 1999, YA VA EN LA QUINTA EDICIÓN. OTRA OBRA DE REFERENCIA ES LA TEORÍA DE LA IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA, SU TESIS DOCTORAL. SUS OBRAS HAN PAUTADO LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES EN LA FORMACIÓN DE INNUMERABLES GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. ¿VIVE BRASIL UN MOMENTO DE RETROCESO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, BAJO EL PRETEXTO DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN?

El país vive un momento de mucha participación social, y eso ocurre en todo el mundo. Ninguna autoridad se legitima tan solo por el cargo, sino por la calidad de sus intervenciones y procesos decisorios. También es necesario ostentar transparencia y rendir cuentas a la opinión pública. Vivimos en la Era Digital. Las garantías están reconfiguradas, ya no son las mismas. El derecho a la privacidad del siglo XXI no tiene fuerza absoluta, está muy impactado por las tecnologías contemporáneas. Vivimos tiempos de ciberterrorismo y de derecho digital. Por cierto, los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso jamás serán abandonados, pues constituyen conquistas históricas. Serán apenas adaptados, constantemente, a los cambios culturales de la civilización. Brasil vive un momento muy intenso, en que se discute el alcance de innumerables garantías frente a las necesidades sociales, y eso es importante.

Cuando el STF dijo que una decisión colegiada de un Tribunal ya puede cumplirse de inmediato y producir efectos, autorizando prisiones, solo se estaba alineando con la jurisprudencia de las Cortes Europeas y con el derecho comparado de países desarrollados. Había una verdadera “juerga” de recursos dilatorios que impedían prisiones legítimas, basadas en sentencias ya dictadas por Tribunales.

Las delaciones premiadas constituyen otro instrumento legítimo de investigación, sobre el cual ya me he pronunciado en diversas oportunidades. Su regulación trae límites objetivos intrínsecos, que deben ser trabajados. Cuando se señala que una autoridad puede recoger una delación, lo que se espera, siempre, no es la protección de un interés corporativo, ni la exclusividad de una atribución, sino el resguardo del interés público primario y la protección de la sociedad.

¿PODEMOS AFIRMAR QUE LA LAVA JATO ES UN CASO DE ÉXITO?

Ciertamente, Lavajato es, desde ya, una operación de positiva repercusión mundial, pues viene proporcionando una auténtica “limpieza ética” en Brasil. Esa Operación debe ser vista más de cerca, pues traduce algo aún mayor: un cambio de paradigmas en la vida pública del país. La profundidad con que alcanzó los cimientos de la realidad empresarial, política e institucional de Brasil hizo de Lavajato un proceso histórico inédito. Solo por tales circunstancias, ya sería un caso de enorme éxito, que representa una nueva etapa para las instituciones de control, principalmente la Policía Federal, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Cualquier operación de esta envergadura, sin embargo, está sujeta a cuestionamientos y ese es el trabajo de los abogados de los investigados y acusados, cuyas prerrogativas y derechos deben ser preservados. A las autoridades les corresponde mantenerse alerta para perfeccionar constantemente sus instrumentos y, sobre todo, evitar nulidades y combatir la impunidad. Cada uno tiene su papel. La sociedad quiere resultados y corresponde al Poder Judicial entregar la prestación jurisdiccional después del debido proceso. Por lo tanto, los trabajos investigativos y procesales deben ser altamente calificados para señalar a los verdaderos responsables de los ilícitos, sin ninguna desviación de rumbo.

Admitir interferencias en Lava Jato, para favorecer a personajes involucrados, es algo que la sociedad brasileña jamás toleraría.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA POLICÍA FEDERAL EN EL FUTURO DE LA LAVA JATO?

La Policía Federal es una institución que no pertenece a un Gobierno, mucho menos a un Partido, sino a la sociedad brasileña. El Poder Ejecutivo Federal – con el nuevo Gobierno que se avecina – debería apostar por el fortalecimiento de la fuerza de tarea de Lava Jato, para cosechar la legitimidad del mandato ante la población. Lava Jato, actualmente, encarna la esperanza de millones de brasileños por la renovación de la política y de la ética en el país.

La Policía Federal ciertamente tiene un protagonismo esencial en Lava Jato, pues, además de la calidad técnica, es su solidez operativa la que permite al Ministerio Público el trabajo ante el Poder Judicial. Las investigaciones deben ser conducidas por la Policía Federal con imparcialidad, autonomía y calidad técnica. Contar con estructura de trabajo es condición necesaria para el desempeño de su misión.