Probidad empresarial
Artículo 'Probidad empresarial', de julio de 2014, sobre la Ley 12.846/13 y la responsabilidad objetiva de empresas por actos lesivos a la Administración Pública.
Traducción del texto original.
La Ley 12.846/13, también conocida como Ley Anticorrupción, o Ley de Probidad Empresarial, creó nuevos paradigmas para el sector privado nacional y extranjero en Brasil. Se introdujo el principio de la responsabilidad objetiva de las personas jurídicas por actos de sus dirigentes, representantes o funcionarios, siempre que traduzcan contactos indebidos con agentes públicos tipificados en la ley. Para evitar la responsabilidad, y cortar el nexo causal, las personas jurídicas deben organizar estructuras de protección interna a la integridad institucional, con canales de denuncias, comités independientes, auditorías, procesos decisorios transparentes y dotados de garantías, fortaleciendo nuevos modelos de funcionamiento y de cultura organizacional.
El propio Ministerio Público podrá solicitar sanciones administrativas en una acción civil pública cuando haya omisión de las autoridades municipales, estaduales o federales. Además de la multa de hasta el 20% sobre la facturación bruta de la persona jurídica, se pueden postular las siguientes sanciones (estas, independientemente de omisión de autoridades administrativas): publicación de la decisión condenatoria en grandes medios y en internet; pérdida de los bienes, derechos o valores indebidamente obtenidos; suspensión o interdicción parcial de actividades; disolución compulsoria de la persona jurídica y prohibición de recibir incentivos, subsidios, subvenciones, donaciones o préstamos de órganos o entidades públicas y de instituciones financieras públicas o controladas por el poder público, por el plazo mínimo de 1 (un) y máximo de 5 (cinco) años. Tales sanciones inciden paralelamente a las previstas en la Ley 8.429/92.