La opinión pública impone un freno al poder
Artículo en O Globo, del 23/10/2017, sobre la opinión pública como freno al poder, a partir de la teoría del Contrato Social de Rousseau.
Traducción del texto original.
El límite ha de ser la ley, la Constitución, el sistema normativo. Aún en la lógica liberal, la interdicción de la arbitrariedad siempre será posible a partir de la jurisprudencia
Jean-Jacques Rousseau fue quien concibió la expresión “opinión pública”. En su teoría sobre el Contrato Social, sostiene que no hay nada más peligroso que la influencia de los intereses privados en los asuntos públicos, destacando que la opinión pública es una instancia legitimadora del poder y constituye un freno a su ejercicio.
En la Era Medieval, no había prensa, y la opinión de las masas no ocupaba posición institucional alguna. Y fue Rousseau, uno de los grandes exponentes de la Ilustración, quien dio base al ideario de la Revolución Francesa.
La opinión pública nace como una institución moderna, que funciona dando legitimación e imponiendo límites al poder político. Sus elementos y su composición no dejan de ostentar, sin embargo, elevada complejidad.
El pensador francés Benjamin Constant, en el siglo XIX, concibió la “opinión pública” a partir de otros elementos, especialmente ligados a contenidos más específicos, como la interdicción de la arbitrariedad y la presunción de inocencia.
Para el liberalismo político, los pilares de la seguridad, la libertad y la propiedad deberían ser garantizados por el Estado. Constant decía que, si hubiera arbitrariedad de los poderes o de la opinión pública, golpeando sin escrúpulos a las personas, incluso a los sospechosos, no se alcanzaría solo al individuo en sí, sino a la nación entera, corrompiéndose la moral social y el sistema político.
En el mundo de hoy, la libertad de los medios de comunicación configura uno de los cimientos imprescindibles de la libre opinión pública. Sin embargo, cuando surgen nuevas distorsiones, a través de la proliferación de las fake news o de las guerras virtuales, sea en el campo político o en el económico, se pone en cuestión el modelo liberal y democrático.
Emerge, así, una “crisis de legitimidad” de la opinión pública, al mismo tiempo que se vuelve cada vez más dinámico y veloz el balizamiento crítico de las decisiones de múltiples instancias de poder.
Todavía en el siglo XIX, a propósito de las distorsiones de la opinión pública, Alexis de Tocqueville se preocupaba por la dictadura de la mayoría, que representaría la quiebra del reino de la crítica. En las democracias, el principio mayoritario es un pilar estructurante, pero tiene que encontrar una barrera en los derechos fundamentales y en la propia Constitución, que se funda en un pacto democrático.
La democracia da base a la “opinión pública” como factor de legitimación del poder político, pero dentro de los marcos normativos fijados por el sistema. Por cierto, el propio Tocqueville, al estudiar la democracia en EE. UU., constató que el juez era una de las principales fuerzas políticas.
Actualmente, se ha ampliado el espacio de activismo también de los abogados y miembros del Ministerio Público, incluso de otras instituciones fiscalizadoras. En tal contexto, se imagina que el amplio espectro de la categoría “opinión pública” se infiltra en numerosos espacios normativos abiertos e influye en esos actores designados por la Constitución como “agentes políticos”.
Pero ¿cuál es el límite para la actuación de magistrados, policías, abogados o miembros del Ministerio Público, entre otros, a la luz de lo que pueda llegar a considerarse “opinión pública”? El límite ha de ser la ley, la Constitución, el sistema normativo. Aún en la lógica liberal, la interdicción de la arbitrariedad siempre será posible a partir de la jurisprudencia o de parámetros utilizados, incluso a partir de los precedentes.
¿Y qué hay de los medios de comunicación? Hay que perfeccionar cada vez más el debido proceso de producción de las noticias, con calidad, libertad y contradictorio. También aquí, recordando al clásico Benjamin Constant, se debe reprimir la arbitrariedad.
Una sociedad plural, liberal y democrática debe cultivar instituciones fuertes y expuestas al principio de la responsabilidad social. Pero eso no puede justificar, de ninguna manera, ningún tipo de coartación al periodismo investigativo y al derecho a la información.
Fábio Medina Osório es jurista y fue ministro de la Abogacía General de la Unión