Mezcla de Escándalos

La característica central de los procesos e investigaciones en esta era contemporánea de comunicación en tiempo real es causar desgastes políticos inmediatos e irreversibles en sus blancos. No en vano, incluso en el Derecho Comparado, muchos prefieren acuerdos en detrimento del debido proceso, en la medida en que enfrentar un duro y largo embate en los tribunales ya es una derrota de proporciones gigantescas, en términos de imagen.

Causa asombro que diversos penalistas, muchos con amplia experiencia en el trato con los medios y los tribunales, rechacen la posibilidad de una autonomía privada de las partes en acuerdos penales, aun sabiendo de las penurias inherentes a las investigaciones y a los procesos. Uno de los argumentos sería la supuesta injusticia del modelo norteamericano, que suelen invocar sin ninguna base estadística. ¿Quién garantiza que hay injusticias en los acuerdos celebrados en ese país? ¿Cómo medir si hay o no una arbitrariedad en un acuerdo?

El llamado “Derecho Penal de los pobres”, que alcanza mayoritariamente a los negros, los excluidos y los inmigrantes en los Estados Unidos, es consecuencia de otros factores asociados a la desigualdad.

Por cierto, la criminalidad violenta nunca estuvo ligada directamente a los empresarios, ni a la élite del “cuello blanco”. No son ellos quienes practican robos con homicidio, robos, hurtos, e incluso homicidios en gran escala. Sin embargo, el sistema estadounidense es emblemático al alcanzar también el piso de arriba y sobre eso nadie habla. El combate a la corrupción, a la evasión fiscal y a los ilícitos del cuello blanco es duro no solo en EE. UU., sino también en Europa.

En Brasil, en ese mismo contexto en que se critican medidas de combate a la corrupción elaboradas por el nuevo gobierno, vivimos una época curiosa en que los medios tienen a su disposición un arsenal de escándalos para informar. Ahora se puede abrir la caja negra del BNDES, una oportunidad única.

Hay una serie interminable de problemas por descifrar a partir de las delaciones que están saliendo a la luz. El gobierno electo ya demostró disposición de enviar al Congreso proyectos anticorrupción consistentes y necesitará articulación política para aprobarlos.

Es en ese escenario que un hecho que involucra a un hijo del presidente gana, sin embargo, un realce desproporcionado en los medios. La distribución de los espacios dedicados a los eventos es objeto de elecciones discrecionales de los medios, y debe tomarse en consideración como parámetro para las estrategias de cada uno.

Nadie está inmune a las críticas, y mucho menos exento de ser blanco de una fiscalización. Es de registrar, sin embargo, que el senador en cuestión no es miembro del gobierno electo, ni tampoco candidato a presidir ninguna cámara legislativa. En comparación con otros personajes, el senador ha recibido un tratamiento intensivo de los medios de comunicación.

Flávio Bolsonaro sufre un linchamiento público en los medios como si fuera postulante a un cargo de alta relevancia en el gobierno. A mi juicio, es víctima de un error del STF que, de modo vacilante, viene titubeando sobre la importante garantía del fuero privilegiado para los titulares de cargos públicos. Es decir, actualmente, se permite que un senador, o un ministro, sean incluso investigados en primera instancia, o en instancia diversa de su fuero natural.

Fue lo que el STF refrendó al decidir por el vaciamiento de esa prerrogativa, como si fuera un privilegio, y no una garantía inherente al cargo. Un error jurídico y político que quizá el pleno debería corregir. Según la orientación vigente, será efectivamente posible que ministros, diputados federales y senadores sean investigados e incluso procesados por autoridades de primera instancia.

Fábio Medina Osório, abogado y exministro de la Abogacía General de la Unión