Justicia y justicieros, por Fábio Medina Osório
El artículo defiende que la distribución de la justicia ocurre cada vez más fuera de los tribunales, por medio de acuerdos extrajudiciales, TAC, ANPC y colaboración premiada.
Traducción del texto original.
Cada vez más la distribución de la justicia ocurre fuera de los Tribunales, por cuanto acuerdos extrajudiciales, términos de ajuste de conducta, acuerdos de no persecución civil, acuerdos de colaboración premiada, términos de compromiso, términos de cese de prácticas infractoras, y así sucesivamente.
La tarea de realización de la Justicia no incumbe solo al Poder Judicial, sino también a las instituciones esenciales para la Justicia. En realidad, cada vez más la distribución de la justicia ocurre fuera de los Tribunales, pues acuerdos extrajudiciales, términos de ajuste de conducta, acuerdos de no persecución civil, acuerdos de colaboración premiada, términos de compromiso, términos de cese de prácticas infractoras, y así sucesivamente, constituyen fórmulas alternativas al contencioso judicial. Las personas físicas o jurídicas no soportan los daños reputacionales inherentes a los procesos punitivos, muchas veces incendiados por medios de comunicación que divulgan informaciones parciales o incluso solo titulares distorsionados de los hechos.
Lo que se observó, recientemente, en este contexto de importancia de las instituciones fiscalizadoras, fue una serie de acciones penales archivadas o anuladas por el Poder Judicial, en relación con el trabajo de personajes importantes del Ministerio Público Federal, por una serie de vicios procesales, tales como incompetencia del juzgado o apoyo exclusivo en palabras de delatores. Súmese a eso una ola de discusiones sobre abusos de autoridad y desvíos de poder. ¿Se trata de ataques contra autoridades responsables de la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil? En parte, se puede decir que, obviamente, es natural la reacción de fuerzas políticas contra quien las fiscaliza, y eso debe tomarse siempre en consideración, preservándose las prerrogativas institucionales de quien investiga y acusa.
Sin embargo, cabe resaltar la precaria calidad técnica de muchos trabajos, denuncias y piezas jurídicas sometidas al escrutinio de los tribunales superiores, lo que dio lugar a respuestas negativas de la jurisprudencia. Uno de los requisitos para el ejercicio eficaz de altas misiones en el Estado es la elevada preparación intelectual y la ética institucional. Estar atento a la jurisprudencia de los tribunales superiores es, sin duda, una exigencia fundamental del trabajo de los operadores jurídicos. No actuar con desviación de poder o de finalidad es la exigencia ética mínima de quien pretende ocupar un asiento en el Ministerio Público.
Evidentemente, no se descartan errores de los propios tribunales superiores sobre esta o aquella cuestión específica, lo que debe ser siempre objeto de crítica en la comunidad jurídica, tal como ocurrió al reconsiderarse la jurisprudencia sobre el cumplimiento de la pena tras la condena en segunda instancia. Lo que despierta preocupación es la flagrante existencia de casos de abuso de autoridad y desvío de poder en el ámbito del Ministerio Público Federal, en el manejo de sus atribuciones, en el combate a la corrupción, en casos de notoria repercusión.
Más recientemente, en una situación actualmente objeto de apreciación por el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), se observó un caso en que los fiscales están siendo acusados por la Corregiduría Nacional de ese órgano por violación del secreto de justicia, con solicitud de destitución, tal es la gravedad de los hechos (que constituyen, en tesis, delito de abuso de autoridad e improbidad administrativa, simultáneamente). Y no es solo eso: los mismos fiscales son blanco de una investigación por supuestas delaciones dirigidas. El principio de presunción de inocencia los ampara, como también ampara a las personas a quienes ellos acusan y execran públicamente en los medios de comunicación social. Peor aún cuando algunas personas son víctimas de filtraciones selectivas y criminales en los medios, con nombres arrojados a la prensa por fuentes anónimas y cobardes. Esto ha sido frecuente en Brasil, en medio de investigaciones secretas. Es preciso repensar métodos y estrategias.
El Ministerio Público brasileño debe investigar con calidad y acusar con plausibilidad punitiva, evitando procesos frágiles y carentes de consistencia. Los medios no deben ser usados como un tribunal de ejecración pública, es decir, como ambiente para destruir reputaciones. El peligro, incluso, es la instrumentalización política de las policías y del Ministerio Público, que pueden ser usados en guerras empresariales o en campañas electorales. Numerosas personas celebran acuerdos porque no soportan el potencial destructivo de los procesos.
Los órganos de control externo de la magistratura y del ministerio público deben actuar con rigor cada vez mayor, para fortalecer las instituciones. No se puede dudar, en este contexto, de la fuerza del CNMP, institución independiente que viene colaborando para un Ministerio Público brasileño cada vez más oxigenado y transparente. En efecto, las instituciones republicanas necesitan controles para poder perfeccionarse, corrigiendo distorsiones inherentes al proceso de maduración y crecimiento democráticos.
*Abogado y exministro de la AGU
tomado del sitio Correio Braziliense