La investigación de la tragedia de Santa Maria plantea nuevos desafíos para los poderes públicos

Brasil está de luto por Santa Maria, por las vidas segadas en una tragedia aparentemente anunciada: un incendio en un local que no tenía condiciones de seguridad para el evento que realizaba. No tenía puertas de emergencia, contaba con material inflamable en el techo, los equipos de seguridad no funcionaron, la oscuridad evidenciaba que las luces de emergencia tampoco fueron activadas. Hay indicios de sobrecupo y hubo, también, uso de una bengala, artefacto impropio para el lugar. Los guardias de seguridad tampoco estaban preparados para enfrentar un tumulto e incluso retrasaron la salida de las personas con el fundamento de exigir el pago de la consumición.

Todo esto ya fue repetido. Pero hay varios otros factores que deberán ser examinados. Aunque se deba aguardar el debido proceso legal, hay informaciones disponibles que indican fuertes indicios de responsabilidades por acciones y omisiones.

Un incendio es un evento previsible, es decir, puede ocurrir en cualquier lugar, circunstancia que exige una preparación técnica previa, tanto de quien trabaja como del propio ambiente, para prevenir, mitigar o evitar tragedias como esta. No por otra razón, cualquier legislación municipal – para otorgar licencia – exige el llamado Alvará de Prevención y Protección contra Incendios.

LAS PRUEBAS DESAPARECIERON

Hay responsabilidades que merecen ser investigadas, evidentemente. Y, en el contexto de las responsabilidades, el deber más elemental de las autoridades sería el de preservar el lugar escenario del incendio, para recoger pruebas, averiguar circunstancias y detalles, a fin de producir dictámenes técnicos. Aquí, tratamos de un deber primario, básico y elemental que no fue respetado.

En tal escenario de horror, es fundamental aprehender las imágenes de seguridad, producidas por cámaras internas del establecimiento. Imagínese el conjunto de imágenes que evidencian todos los meandros del evento internamente: la sobrepoblación descarada; el procedimiento de las personas en el manejo de equipos como extintores; el grado de preparación de los empleados del establecimiento al auxiliar a las personas; la efectiva negativa de salida de personas por el impago de las cuentas; la forma desordenada de la salida; la falta de orientación; por cuánto tiempo la música permaneció encendida mientras ocurría el incendio, etc.

Además, al incautar computadoras, las autoridades tendrían acceso a información valiosa, tanto en el plano contable —y vendrán acciones indemnizatorias— como en cuanto a la propia existencia de eventuales socios ocultos o a la participación de otros agentes en la organización del evento. Es obvio que las imágenes obtenidas del local causarían también un enorme impacto político, un estrago gigantesco en la esfera de quien tenía la responsabilidad de impedir el funcionamiento de la discoteca sin las mínimas condiciones de seguridad.

¿A QUIÉN RESPONSABILIZAR?

Sin embargo, ocurre que, increíblemente, las imágenes de seguridad, la caja registradora y las computadoras habrían desaparecido, versión obviamente negada por los sospechosos. En una investigación de este porte, en que toda la Cúpula de la Seguridad de Rio Grande do Sul estaba en el lugar, fue posible permitir, por alguna falla, que pruebas tan relevantes desaparecieran. Creo que es el momento de reflexionar sobre la competencia que se espera, en momentos como este, de las autoridades públicas. ¡Como contrapartida a la supuesta desaparición de pruebas, se decretó la prisión de los empresarios! Es decir, ¿quién garantiza que fueron los empresarios quienes hicieron desaparecer las pruebas del lugar?

En términos de responsabilidad por el evento, hay que considerar, en tesis, la posibilidad de responsabilizar al Estado de Rio Grande do Sul y al Municipio de Santa Maria (RS), en conjunto con la empresa y los empresarios, por el acto ilícito. Hasta el momento, no se ha tenido noticia de detalles sobre el Permiso de Prevención y Protección contra Incendios, en qué términos habría sido concedido y fiscalizado – o no fiscalizado. Todo indica que se trata de un episodio más de negligencia de los Poderes Públicos, de ineficiencia, que golpea de lleno los derechos fundamentales de las personas, en el caso, el derecho a la vida. Se suma una responsabilidad más: la de permitir que desaparezcan pruebas del lugar del crimen.

Fábio Medina Osório, jurista, es presidente del Instituto

Instituto Internacional de Estudios del Derecho del Estado