Fábio Medina Osório, para “O Globo”: “La fuerza de la ciudadanía contemporánea”

Si miramos los orígenes más remotos del concepto de ciudadanía, tendremos que recordar el desarrollo de las ciudades-estado griegas, las célebres poleis, entre los siglos VIII y VII a. C. Son más de 2.500 años de Historia de un concepto que se transformó radicalmente, y en esa trayectoria ha ido adquiriendo contornos dinámicos y cada vez más inclusivos y complejos.

Un concepto moderno, desde la Ilustración, con la revolución intelectual del siglo 18, fue acercando la ciudadanía a los ideales de igualdad y libertad, permitiendo a los ciudadanos participar en la construcción del colectivo en el que se encuentran insertos. Los derechos pasan a tener una mayor protección por parte del Estado, con la perspectiva de que la calidad de ciudadano confería a su titular la prerrogativa de disfrutar de la protección oficial en determinada dimensión.

En la civilización contemporánea, no cabe duda de que todo ciudadano debe actuar en favor de la sociedad, en la defensa de los derechos inherentes a su condición local y también en la ampliación del espectro de la ciudadanía en el ámbito internacional. El título de ciudadano, además de incluir derechos, también impone deberes y obligaciones. Y nadie ignora que hoy en día la protección estatal se extiende mucho más allá de la red de ciudadanía en sentido estricto, dentro de lo que se puede designar como un estatuto de ciudadanía universal.

Es preciso entender que no hay derechos naturales en un contexto de ciudadanía, porque se trata de conquistas alcanzadas a duras penas y en el transcurso de los siglos, en la medida en que los derechos son fenómenos sociales, productos históricos, incluso mutables en el tiempo y en el espacio, parcialmente ligados al propio concepto de ciudadanía.

Es importante notar que, aún hoy, muchos derechos tenidos por indiscutibles para algunos, en realidad, continúan siendo plenamente controvertidos para otros, siendo la propia corrupción un valor que adquiere mayor o menor peso, según la concepción ideológica de cada uno.

Obsérvese que en el Congreso la discusión sobre la caja 2 electoral fue postergada para una segunda etapa del paquete anticrimen, dentro de la óptica del Supremo de que la ocurrencia de una irregularidad en la campaña política no significa automáticamente la práctica de un delito conexo de corrupción.

De la misma forma, mientras se defiende que el combate a la corrupción debe ser presupuesto de cualquier agenda económica sostenible, hay también quien propone que se actúe con cautela para no perjudicar el desarrollo económico.

Todo esto involucra derechos civiles y políticos, íntimamente asociados al alcance de la ciudadanía. Es decir, el ejercicio de la ciudadanía depende mucho de las opciones políticas formuladas libremente por cualquier nación, en un régimen democrático. El principio mayoritario sigue siendo importante, y siempre lo será, para validar la voluntad del pueblo.

En Brasil, la opción política reciente fue por una ciudadanía comprometida con la inclusión cada vez mayor del combate a la corrupción, para agilizar la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, dentro de agendas de liberalismo económico.

Actualmente, la concepción de ciudadanía, además de ampliar la participación política de las personas, tiende a restringir la participación de corruptos en la vida pública. Esa es una tendencia global, no solo en Brasil.

De cierto modo, se percibe que la corrupción es un cáncer que destruye las bases más elementales de una civilización, debilitando los lazos de confianza que unen a los ciudadanos y a los detentadores de poderes decisorios de la esfera pública y privada.

Como decía Eduardo García de Enterría, la corrupción termina por corroer los propios regímenes democráticos, en la medida en que mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Los elegidos no ganan un cheque en blanco para gobernar, sino un mandato en los términos de las leyes y de la Constitución.