Las principales agendas de la sociedad brasileña

La falsa discusión sobre la prioridad de proyectos que tramitan en el Congreso – si el de la Previsión Social o el anticrimen – revela, en realidad, el trasfondo de un debate sobre el papel del Parlamento en la democracia brasileña. Al Ejecutivo le compete enviar al Legislativo los proyectos que juzga relevantes desde el punto de vista del interés social, para debate y eventual aprobación.

Es inevitable constatar que tanto la reforma de la Previsión Social como el combate a la criminalidad, en igual grado de importancia, son proyectos esenciales, estructurantes de una agenda social sólida y sintonizada con los anhelos de la población.

Es evidente que el Congreso puede filtrar los temas, seleccionando la agenda. Puede entender, así, que el combate a la criminalidad no es la mayor prioridad de la nación brasileña, o que la reforma de la Seguridad Social no sería la principal necesidad en este actual contexto histórico, así como puede modificar los proyectos y rediseñar sus contenidos, de acuerdo con los intereses sociales y el principio mayoritario construido en el Parlamento.

De hecho, el Congreso es soberano para sostener que el combate a la criminalidad o a la corrupción no se inserta entre las agendas más relevantes y puede entrar en una fila y aguardar un mejor momento, para que la reforma de la Previsión Social pueda impulsarse con más velocidad.

Este no fue, sin embargo, el mensaje de las urnas a los agentes políticos electos en 2018, salvo mejor juicio. Lo ideal sería que las propuestas se tramitaran simultáneamente. Esas agendas pertenecen a la sociedad brasileña, según se desprende de una lectura atenta del momento actual. El respeto a la voluntad del pueblo es una de las consecuencias importantes de la democracia. Por lo demás, los agentes políticos que desprecian el ideario popular suelen cosechar resultados nefastos.

Uno de los presupuestos de la buena política, sin duda, es el diálogo y la construcción de soluciones consensuales. Las pautas de consenso pueden y deben unir a partidos políticos de los más variados espectros ideológicos, y existen políticas públicas de Estado que trascienden las divergencias político-partidarias.

Muchas reformas ligadas a la justicia penal ciertamente atraen el consenso de políticos de distintos matices ideológicos. Del mismo modo, la reforma del Estado, que involucra la Previsión Social o el gasto público, puede culminar en acuerdos entre partidos y políticos de múltiples y divergentes vertientes, cuando se abandona la demagogia y el discurso superficial.

Exigir que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen unidos, en pro del interés público, para aprobar las reformas necesarias, es un derecho fundamental ligado a la expectativa de buena gobernanza. Obviamente, esa unión presupone independencia y armonía en la convergencia de propósitos en el sentido de sintonía con los anhelos de la población.

Una cualidad básica que se debe esperar de los agentes públicos es el esfuerzo y la intensidad en los trabajos, así como la capacidad intelectual y la autenticidad de propósitos. El juego político, en esta Era de la Autenticidad, debe estar permeado por un diálogo transparente y basado en la supremacía del interés público sobre el privado, sin descuidar las formas adecuadas, el lenguaje y los rituales necesarios.

Fábio Medina Osório es abogado y exministro de la AGU