¿La primera instancia es realmente mejor?
Artículo en Folha de S.Paulo, el 26/05/2017, sobre el debate acerca del fin del fuero privilegiado y el juzgamiento en primera instancia.
Traducción del texto original.
En el debate sobre el fin del fuero privilegiado, hay premisas que deben ser discutidas profundamente. Existen autoridades con la prerrogativa de ser juzgadas por tribunales colegiados. La cantidad exacta en Brasil no está bien calculada -el número parece excesivo, pues reúne desde los jefes de los tres Poderes hasta autoridades municipales, fiscales y militares, entre muchas otras categorías.
Las disposiciones que confieren esa prerrogativa abarcan desde la Constitución Federal hasta leyes infraconstitucionales, configurando una maraña legislativa. Hay una confusión que suscita perplejidades, lo que dificulta la comprensión del alcance de ese instituto.
¿La prerrogativa es una afrenta a la igualdad? En su génesis, existe para proteger la función de la autoridad, en razón de su posición y de sus competencias.
Si una autoridad desempeña funciones fundamentales para la sociedad, nada más justo que pueda ser juzgada por un colegiado, protegida de arbitrariedades. Lo que se pretende resguardar no es a la persona, sino sus funciones públicas. No hay desigualdad inherente al instituto, solo distorsiones.
El debate es legítimo, y debe profundizarse. Nadie ignora que la opinión pública está en contra de tal “privilegio”. El principal motivo que orienta ese rechazo estaría en la idea de que este “privilegio” podría ser causa de impunidad de la clase política y de los beneficiarios de ese instituto.
Se trata de un reflejo de Lava Jato en el imaginario colectivo: se cree que la primera instancia del Poder Judicial es el juez Sergio Moro. Y se imagina que las fuerzas investigativas de todo el país son las de la fuerza de tarea de Curitiba. Innegablemente, los resultados de Lava Jato son exuberantes hasta aquí y han merecido reconocimiento.
Pero la operación está lejos de representar la regla general de nuestra Justicia. Solo funcionó en razón del respaldo de los tribunales superiores y de un perfeccionamiento de las instituciones, a partir de errores procedimentales cometidos antes.
Basta notar que, sin prerrogativa, los criminales de “cuello blanco” no fueron castigados en Brasil antes de esa operación. Múltiples factores siempre contribuyeron a la impunidad, como el desmantelamiento de las policías, la falta de integración de los fiscalizadores y la lentitud del sistema -problemas, como se ve, sin conexión con el privilegio de fuero.
En nuestro país, hay un pésimo hábito de promover la política de “tierra arrasada”. Es momento de repensar esa práctica para un control más riguroso de los tribunales, llevando el modelo de la prerrogativa de fuero a una nueva extensión.
Jefes de Poderes, ministros, magistrados, miembros del Ministerio Público, presidente y directores del Banco Central: ¿cómo negar la relevancia de esas funciones, a efectos de la prerrogativa de fuero? Ese debate, evidentemente, deberá darse para las próximas elecciones.
No creo en el intento de reproducir el sistema norteamericano, o incluso modelos europeos, en los que no hay prerrogativa de fuero para autoridades públicas.
En los EE. UU., magistrados y fiscales son elegidos o nombrados, y la mayoría de los juicios se da por jurado popular. En Europa, jueces y fiscales tienen fuerte sentido jerárquico.
En Brasil, el fuero alberga los principios de eficiencia y seguridad jurídica. Sin él, las autoridades quedarían expuestas a la excesiva discrecionalidad de miles de jueces y miembros del Ministerio Público esparcidos por todo el país, a la interpretación de conceptos indeterminados sobre lo justo y lo injusto, lo que podría inviabilizar la toma de decisiones estratégicas.
Si esa prerrogativa es una “jabuticaba” (algo que solo existe en Brasil), no podemos olvidar que nuestras instituciones, en la radicalidad de la independencia funcional y de las garantías constitucionales que ostentan, también lo son, especialmente el Ministerio Público y la magistratura. Eso ya justifica la prudencia en el escalonamiento jerárquico de fiscalizaciones y controles.
FÁBIO MEDINA OSÓRIO , doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid (España), es presidente ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios de Derecho del Estado. Fue abogado general de la Unión de mayo a septiembre de 2016 (gobierno Temer)