Vea la entrevista concedida por Medina Osório a la Gazeta do Povo (PR), publicada el 6/6

Traducción del texto original.

En paralelo a las acciones penales de la Operación Lava Jato , corren al menos cinco denuncias en el área civil contra constructoras supuestamente involucradas en el esquema de desvío de recursos en Petrobras. El pasado día 28, la Justicia Federal acogió la primera de esas acciones civiles públicas de improbidad administrativa. El Ministerio Público Federal (MPF) ya consiguió, sin embargo, el bloqueo preventivo de R$ 1,1 mil millones para garantizar la devolución de valores a la estatal.

Empresas buscan acuerdo para mantener contratos

Katna Baran

Fuera de la esfera jurídica de Lava Jato, las empresas supuestamente involucradas en el esquema de corrupción de Petrobras intentan convencer al gobierno de que las perdone de la culpa por los daños causados a la estatal a cambio del pago de indemnizaciones. Para ello, las constructoras están invirtiendo en los acuerdos de lenidad con el gobierno, por intermedio de la Contraloría General de la Unión (CGU) y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

Según el presidente de la Sociedad Brasileña de Derecho Público y profesor de la Escuela de Derecho de la FGV-SP, Carlos Ari Sundfeld, esos acuerdos pueden compararse con las delaciones premiadas ya firmadas por acusados en los procesos penales. “Es una posibilidad de que la empresa colabore a cambio de sanciones más leves.”

Sundfeld destaca, sin embargo, que, por tratarse de una legislación reciente, no hay interpretación del Poder Judicial sobre las consecuencias de los acuerdos. “No se sabe si el acuerdo tendrá efectos en los procesos, ya que, si hay una condena en el sentido de prohibir la contratación con el poder público, el acuerdo con el Ejecutivo no vale nada.”

A raíz de este problema, como señaló una nota del diario Folha de S.Paulo de este viernes (5), las empresas denunciadas han buscado acuerdos para pagar íntegramente las indemnizaciones a cambio del perdón por parte del poder público. En la propuesta, también cambia el negociador de los acuerdos: las constructoras quieren transferir esa responsabilidad a la Abogacía General de la Unión (AGU).

Las empresas alegan que la propuesta es una salida para garantizar la “actividad económica” del sector, ya que una prohibición de contratar con el poder público podría llevar a las empresas a la quiebra. (KB)

En total, el MPF pide la devolución de R$ 4,47 mil millones a las arcas públicas. El mayor porcentaje del dinero corresponde a la solicitud de indemnización por daños morales colectivos por parte de las empresas y sus directivos: en total, casi R$ 3,2 mil millones solo por esas solicitudes. Además, el MPF pide que se prohíba a las empresas contratar con el poder público y recibir beneficios fiscales o crediticios.

Como señala el presidente de la Sociedad Brasileña de Derecho Público y profesor de la Escuela de Derecho de la FGV-SP, Carlos Ari Sundfeld, en el caso de Lava Jato, aun sin que haya condenas todavía, las empresas ya están sufriendo impactos significativos. “La mera interposición de acciones contra las empresas, en este caso, genera un grave problema de crédito en el mercado”, evalúa.

Otro problema que enfrentan las empresas es la determinación de la dirección de Petrobras de impedir que las empresas citadas en las denuncias participen en licitaciones con la estatal. Como señala Sundfeld, sin embargo, esta determinación no tiene respaldo jurídico y podría ser cuestionada. “Pero es evidente que ninguna empresa va a interponer una acción contra Petrobras en este momento”, observa.

Demora

El especialista destaca, sin embargo, que, en acciones como estas, la respuesta de la Justicia generalmente tarda en llegar, lo que hace más difícil el resarcimiento del daño en poco tiempo. Como señala el presidente del Instituto Internacional de Estudios de Derecho de Estado (IIEDE), Fábio Medina Osório , otra dificultad que el MPF deberá enfrentar en los argumentos de la acción es la responsabilización por daños morales. “Habrá dificultad en la cuantificación de ese daño”, dice.

Para Sundfeld, más que eso, es difícil que la Justicia acoja la tesis de los daños morales, que es la parte más sustancial del pedido de resarcimiento del MPF. Osório observa además que la Ley que trata de la improbidad administrativa debe ser usada “con foco, planificación y unidad institucional”, evitando que se cometan abusos en el proceso de Lava Jato. “No se debe intentar castigar el mero error administrativo, inherente a la gestión, como acto de improbidad”, dice.

Ambos especialistas consideran que, incluso con la previsible demora para el fin de los procesos, por tratarse de un caso de gran repercusión, Lava Jato debe generar cambios en el área de las contrataciones públicas en Brasil. “El caso llevará a las empresas a adoptar y observar deberes públicos. Solo sobrevivirán las empresas que inviertan en sostenibilidad ética”, dice Osório.